En términos de la gestión en política pública, la ONU ha sido consecuente y firme en el apoyo a diferentes instituciones del Estado cuando se formulan estrategias nacionales de atención a las diversas necesidades de la población migrante. Este objetivo se ve impulsado a través de diversos sistemas de información, procesamiento y análisis de datos para mejorar la gobernanza y el monitoreo de los flujos migratorias.

Se brindó apoyo en los procesos para regularización, permisos temporales de trabajo en el país y acceso a servicios básicos como educación y salud. La ONU brindó apoyo técnico por medio del Programa de agilización para la emisión de permisos laborales DGME-MTSS (Sistema de Migraciones Laborales), así como la coordinación y soporte a consulados y embajadas para realizar jornadas consulares y emisión de documentos necesarios para regularización migratoria, y el apoyo a la Secretaría Técnica del Marco Integral Nacional de Respuesta a las Personas Refugiadas (MINARE).

En el contexto tan complejo suscitado por la COVID-19, los esfuerzos fueron dirigidos hacia un Programa de comunicación para el desarrollo en comunidades clave, para promover un cambio efectivo de conductas, el fortalecimiento de capacidades para combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, y la cooperación técnica en comunicación de riesgo para prevención de la COVID-19, y para divulgar la seguridad y eficacia de la vacunación.

Se apoyó mediante la prestación de servicios de protección a personas refugiadas y solicitantes de asilo, el acceso a casas de acogida para sobrevivientes de violencia sexual y basada en género; o mediante el fortalecimiento de coexistencia pacífica con actividades de impacto rápido a las comunidades de acogida y población refugiada.

Se mantuvo el apoyo con kits de higiene, salud y alimentos, o recursos para atender emergencias en sus comunidades, entregando un total de 6.116 artículos como colchones de espuma, jabón, mantas y bidones de agua.